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Gracias a la gestión de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva responsable de la ejecución de acciones necesarias para el cumplimiento de compromisos internacionales en Derechos Humanos,CICSI, presidida por el vicepresidente Pedro Alliana, luego de una serie de encuentros y negociaciones para el cierre de acuerdos y tras varios años de postergación, el Estado paraguayo cumplió su compromiso al realizar actos de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en favor de Eulalio Blanco y Ernesto Benítez, víctimas de DDHH.
María T. Peralta, directora general de DDHH, representó a la Vicepresidencia de la República en los actos públicos de reconocimiento de los hechos y reparaciones por los dos casos realizados en el local del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL).
Participaron autoridades del Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), entre otros organismos.
El Paraguay suscribió acuerdos sobre medidas de reparación con cláusula de reconocimiento de responsabilidad internacional en los citados casos, que fueron honrados bajo la modalidad de acto público.
El acuerdo se enmarca en un contexto histórico, donde el Gobierno paraguayo da un paso significativo hacia la reconciliación y la justicia, señaló María Teresa Peralta, quien se encargó de brindar una semblanza de ambos casos. Resaltó además la firme determinación del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana de cumplir con los compromisos internacionales.
El titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera, se encargó de ofrecer las disculpas públicas a Florentina Olmedo, viuda de Eulalio Blanco, y a Ernesto Benítez. Destacó la importancia de realizar este acto en el lugar de formación de policías, de manera a no volver a repetir esta violación de los Derechos Humanos. Riera se refirió también a la necesidad de contar con un Estado presente; que las instituciones públicas lleven las respuestas y no esperar a que se realicen las medidas de fuerza y, si se llegan a este tipo de manifestaciones, que los agentes policiales cuenten con las herramientas para no volver a cometer los errores del pasado.
Finalmente, mencionó que la aclaración lo realizó en cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el Estado y una motivación personal, para contribuir para que no se repitan estos hechos contra los derechos humanos.
Eulalio Blanco y Ernesto Benítez, víctimas de represión policial el 4 de junio de 2003 en Tava Guaraní, formaban parte de un grupo de productores de cedrón realizando un cierre de rutas en el departamento de San Pedro. Durante el operativo policial, Eulalio Blanco falleció por un disparo de arma de fuego y Benítez fue detenido y sometido a torturas en la comisaría local.
En representación de las víctimas estuvieron Florentina Olmedo, viuda de Eulalio Blanco, y Ernesto Benítez, acompañado de los estudiantes de la escuela rural donde enseña, y miembros de la comunidad de Tava Guaraní.
