En el marco del firme compromiso del vicepresidente Pedro Alliana con la vigencia de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, se llevó a cabo una reunión de trabajo para analizar propuestas de reparación integral vinculadas a dictámenes de organismos internacionales.

​El encuentro estuvo encabezado por la Directora General de Derechos Humanos, María Teresa Peralta, y el Director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales, Santiago Ammatuna.

La jornada contó con la participación activa del Consejo Asesor Consultivo de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva de Cumplimiento de Sentencias (CICSI) y la representación legal del caso denominado «Benito Oliveira y Lucio Guillermo Sosa».
​Análisis de reparaciones y dictámenes técnicos.

​El objetivo central de la reunión fue la recepción y evaluación técnica de las propuestas de reparación integral sugeridas en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante la mesa de trabajo, se discutieron los mecanismos legales y administrativos necesarios para garantizar que las medidas adoptadas respondan de manera efectiva a las necesidades de los sujetos de derecho.

​Como resultado de las deliberaciones, el equipo técnico de la Vicepresidencia de la República acordó los siguientes puntos de acción inmediata:

​Parecer Jurídico Institucional: Se requerirá formalmente el dictamen jurídico de los entes públicos involucrados en el caso para asegurar la viabilidad legal de las propuestas de reparación.

​Actualización de Diagnóstico: A través del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), se procederá a actualizar el diagnóstico sobre la situación actual de los afectados mencionados en el dictamen internacional. Este relevamiento es fundamental para ajustar las acciones de reparación a la realidad del territorio.

​Compromiso con la justicia internacional

​Esta iniciativa refuerza la política de transparencia y cooperación de la Vicepresidencia de la República, actuando como articulador entre las diversas instituciones del Estado para dar respuesta a las sentencias y recomendaciones internacionales. El seguimiento constante de estos casos busca no solo el cumplimiento formal, sino la restitución de derechos y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades afectadas.